Colombia: ¡Háganse a un lado!
Octavio Quintero (especial para ARGENPRESS.info)
Si las autoridades ambientales no sirven para nada, al menos no estorben los movimientos cívicos que se alzan por todo el país en defensa y protección de nuestros recursos naturales. La lógica natural, esa que discurre por toda inteligencia humana, nos deja ver mañosos delitos escondidos en los intersticios de eruditas leguleyadas sobre los recursos naturales y el medio ambiente en Colombia, donde, al menos cinco autoridades en el orden nacional, regional y local, se tiran la pelota unas a otras mientras los predadores hacen fiestas como los ratones cuando se muere el gato.
Alrededor de las explotaciones mineras y de licencias ambientales se ha desarrollado tal grado de corrupción que, esa lógica nos dice que las mismas autoridades encargadas de aplicar las normas, podrían estar dictando al oído de los predadores la forma en que pueden evadir los controles.
Si delitos tan monumentales sobre la legislación ambiental han proliferado a lo largo y ancho del rio Bogotá, en las propias barbas de todas estas autoridades; y si a todo el frente de la casa de campo de los presidentes de este país (Hato Grande), una cantera pudo operar sin licencia, y sobre todo sin compasión, ¿qué no estarán haciendo en apartadas regiones esos predadores trasnacionales en pos de los abundantes minerales preciosos y estratégicos elevados a “locomotora” de desarrollo nacional en este gobierno?
Esa lógica natural nos dice que resulta imposible tragarse el cuento de que una autoridad municipal no pueda hacer nada ante la evidencia manifiesta de un ataque al medio ambiente y los recursos naturales acudiendo, por ejemplo, al principio de precaución.
No es que no puedan hacer nada: es que resulta muy difícil hacer que alguien entienda algo, cuando otro alguien le está pagando para que no lo entienda. Es así de sencillo.
A nuestro medio ambiente y recursos naturales le rodea la paradoja de “ser de todos”, con lo que resulta no ser de nadie. En el orden constitucional, al menos 49 artículos de la Carta se refieren a la materia y a sus mecanismos de protección, a tal punto que Colombia ha sido catalogado como un país de “Constitución ecológica” en razón del lugar tan trascendental que esa protección ocupa en el ordenamiento jurídico fundado en él.
Resulta, por tanto, alentador el surgimiento de movimientos cívicos (tipo Santurbán) que se han echado a hombros la responsabilidad de proteger y hacer que se cumplan las normas sobre protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Y ninguna autoridad civil o militar puede oponerse legalmente a estos movimientos porque están amparados en la misma Constitución que en su artículo 8º determina que… “Es obligación (…) de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”.
Eso quiere decir que si la corrupción se ha apoderado de las autoridades ambientales, ¡háganse a un lado! porque la gente ya se dio cuenta que esto es una cuestión de vida o muerte.
Y el asunto no ha terminado: ahí va echando raíces la nueva Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía General que tendrá que hacer pagar a los predadores por los daños cometidos, tal como lo establece también el artículo 80 sobre reparación de los daños causados.Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.
