Esa antigualla de Montesquieu o sobre la división de poderes

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TRIBUNA: AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO

Esa antigualla de Montesquieu

AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO  11/10/2011

 

La división de poderes no parece que le guste demasiado a nuestros políticos. Posiblemente piensen que como Montesquieu murió en 1775, su teoría no sirve hoy día para atender las necesidades del pueblo, por el que tanto se desviven, siendo suficiente con celebrar elecciones libres periódicamente.


Por eso, aprueban siempre que pueden leyes que, retorciendo el significado de la Constitución, les permitan socavar la independencia del Poder Judicial.

Sin duda, la más importante de ellas es la forma de elección de los 12 magistrados del Consejo General del Poder Judicial que, si a principios de la década de 1980 eran elegidos por los propios jueces (con un injusto sistema mayoritario, por cierto), desde 1985 son elegidos por las Cortes.

Así que, primero, los designan entre el PSOE y el PP y después se reúnen Zapatero y Rajoy para consensuar el nombre del presidente del Consejo. Bien mirado, no deja de ser una forma de dividirse el poder.

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Si los militares cuelgan sus uniformes para entrar en política, los jueces deben colgar sus togas

Pero los buenos políticos siempre encuentran oportunidades de echarle una paletada de tierra a Montesquieu, como en este final de legislatura: aprovechando que la ley de agilización procesal pasaba por el Senado, han modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces que ocupen cargos políticos pasen a la situación administrativa de servicios especiales, que es tanto como decir que cuando se van a la política se les guarda la plaza que tuvieran y que cuando retornan se les cuentan los años que han estado fuera como si hubieran estado en activo, así que ni se retrasan en el escalafón ni pierden trienios.

Las asociaciones de jueces han criticado con dureza esta reforma alegando que deteriora la independencia de la justicia y su imagen de imparcialidad.

Jueces para la Democracia ha señalado agudamente que se trata de una reforma "inexplicable", tanto que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, no contiene exposición de motivos.

Por mi cuenta, añado que esa falta de explicación está en todo el procedimiento legislativo: el proyecto de ley de agilización procesal entró en el Pleno del Senado el 13 de septiembre (es decir, en el último momento de un proceso que empezó en el Congreso el 11 de marzo de 2011) sin llevar una sola referencia a la reforma de la LOPJ y cuando salió el 14 ya tenía una disposición final en que se le añadía la nueva redacción del artículo 351 de la LOPJ y una disposición transitoria para darle efectos retroactivos.

¿Cómo lo consiguieron sus excelencias? Lo hicieron aprovechando que el artículo 125 del Reglamento del Senado permite que, de común acuerdo, todos los grupos del Senado puedan introducir "modificaciones" (es decir, pequeños cambios inferiores a una enmienda) a una ley.

Y como todos estaban de acuerdo, pues todos tienen jueces en sus filas, no hubo necesidad de debate; de tal forma que el único rastro que se encuentra en el Diario de Sesiones es la aprobación por asentimiento de unas crípticas "propuestas de modificación con números de registro 68730 y 68731".

Su contenido no se supo hasta que se publicó en el Boletín del Congreso del 20 de septiembre, donde apareció sin el correspondiente "mensaje motivado" del Senado que exige el artículo 90 de la Constitución.

Tampoco mereció una sola referencia en el Pleno del Congreso del 22 de septiembre; 343 votos a favor, una abstención, ninguna explicación.

¿Pero por qué hay que explicar lo evidente y entretener al pueblo con temas abstrusos?, diría alguno de los muchos políticos que han considerado que el 15-M no estaba falto de razón en sus críticas a la opacidad de la política.

Con el mismo desparpajo podría zafarse de la pregunta, ¿pero modificar una ley orgánica en el último segundo, aprovechando una ley ordinaria, no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que haya una conexión material entre las enmiendas y la ley (STC 119/2011)?

Hombre, diría nuestro político, me extraña que no vea la conexión entre una ley de agilización procesal y la nueva forma de agilizar el paso de la política a la judicatura.

La Ley Orgánica 12/2011 es inconstitucional por la forma en que se ha tramitado y, además, también lo es por su contenido, ya que viola las prohibiciones que la Constitución establece para los jueces de desempeñar cargos públicos, pertenecer a partidos y presentarse a las elecciones mientras estén en activo (artículos 127 y 70) porque la finalidad de esas prohibiciones es impedir que los jueces participen en política.

Y ahora pueden hacerlo igual que los demás funcionarios, sin más limitación que el requisito formal de no tener el carnet de militante.

Un régimen legal de los jueces respetuoso con la Constitución debería ser igual que el establecido para los militares, pues tienen similares prohibiciones constitucionales: si los militares tienen que colgar sus uniformes para entrar en política, los jueces deberían de colgar sus togas.

Sin embargo, la ley dice lo contrario: que cuelguen las togas, pero sin miedo, que no solo se las vamos a guardar, sino que las lavaremos y plancharemos para que cuando vuelvan no se note que llevan años sin usarlas.

Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional y profesor visitante en el University College de Dublín.

fuente ELPAIS

La división de poderes o el cuento de nunca acabar

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)
Como teoría, pase; pero como realización, no se ha dado nunca a plenitud. Ni siquiera los principales actores de la Revolución Francesa (fines del siglo 18) pudieron aplicar a plenitud esta tal división de poderes; división que no podía darse y poderes que nunca fueron tales, por si solos; por eso es que pasaron a llamarse funciones aunque nunca se dejó de hablar de poderes.

Se dice hoy en día que es un imbécil enciclopédico el que sigue hablando de poderes, y es un imbécil total, el que sigue hablando de división de poderes. Inclusive, a nivel académico, han quedado en el olvido aquellos que pretendían elevar a ese nivel la división de poderes.
Hoy, en cualquier universidad del mundo que se precie, se estudian materias de Política-Económica o de Economía-Política ya que es un imposible dividir esa cátedra en Economía y en Política, porque lo uno impone condiciones a lo otro; y viceversa.
¿Es entonces posible dividir los poderes del estado en tres? ¿Se ha dado algún sistema político que aplique esta teoría? ¿Es que algún país es ejemplo de aplicación de esta división?

En teoría, muchos países del mundo tienen establecida la división de funciones: la función legislativa (a la que con frecuencia se dice que es la primera función del Estado) la función ejecutiva y la función judicial. En especial, en el mundo entero se ha dado que el que gana la función ejecutiva (elección de Presidente) quiere también controlar la función legislativa; o viceversa.
Y se ha comprobado hasta la saciedad que una función ejecutiva puede ser disminuida y hasta destituida por una función legislativa adversa.
En cambio, los países europeos, que en muchas cosas han dado ejemplo de ser pragmáticos (a veces, demasiado pragmáticos) se inventaron lo que ahora se llama el Régimen Parlamentario: los que ganan la mayoría legislativa imponen el poder ejecutivo; y si pierden, pues tienen que ceder las dos funciones a los contrarios.
Y si el gobierno, durante la legislatura, pierde una moción o es censurado, pues tiene que irse a la casa.

En América Latina se persiste en la división clásica, aunque, en la práctica, el que gana unas elecciones presidenciales gana también el control del poder legislativo; y tarde o temprano, trata de hacerse con la función judicial, que ha sido la menos tocada pero la que, en nuestros países, necesitaba de urgencia de una compostura total. ¿O no?

¿Qué pasó cuando el Congreso de la República (supuesto primer poder del Estado) nombró una Corte Suprema de Justicia, que no era del gusto del Presidente Constitucional (el Ing. León Febres Cordero)?
El otrora dueño del país mandó los tanques de guerra a impedir que la nueva Corte se posesione de sus funciones.
¿Qué pasó cuando el Presidente Constitucional, coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, se le ocurrió nombrar una nueva Corte Suprema (la famosa Pichi Corte) que favoreciera a los fugados del país, principalmente al otrora también Presidente Constitucional de la República? (el abogado Abdalá Bucaram)

En fin, sería largo y tedioso citar por lo menos las veces en que la tal división de poderes ha sido violada. O por lo menos desconocida. Ha sido siempre un obvio que quien llega a la Presidencia de la República, quiera tener o controlar por lo menos la función legislativa.
Y, en los hechos, también la judicial. ¿O es un secreto a voces que, por ejemplo, el social cristianismo (mientras fue poder político) se ha dado modos para controlar por lo menos la cúpula del poder judicial o que se nombren jueces y ministros jueces a gentes allegadas a esa tienda política?

Esto del copamiento de las tres (ahora, cinco funciones: la electoral y la ciudadana) es un objetivo en cualquier proceso que se precie, especialmente de revolucionario. No hay revolución en el mundo (para ser tal) que no oriente sus acciones a este copamiento. ¿La razón principal?
Que cada sistema procura imponer en las funciones del Estado, sus circunstancias. El liberalismo, por ejemplo, tenía que cambiar las funciones de las antiguas monarquías e imponer las suyas propias, que después de un tiempo, resultaron anticuadas y antipopulares. El socialismo trató de hacer lo mismo. En fin.

Sin duda, las viejas oligarquías criollas (que sucedieron a los colonialistas) se dieron modos para “retener” algo del poder real cuando han aparecido “out sider” que han pretendido cambiarlo todo. Así, silenciosamente, se han quedado con el poder o función judicial a pesar de haber perdido el poder político. Y les ha dado buenos resultados.

En nuestros países (con algunas excepciones) la función judicial ha sido la intocada. Y en el momento oportuno, los jueces, especialmente los de las alturas, sabían cómo hacer a fin de defender los intereses políticos, económicos y sociales de sus mandantes.
La historia es igualmente larga solo que, llegó un momento en que había que enfrentar ese problema porque la situación había superado, sin escrúpulos, los límites tolerables.
El problema ya no estaba solo en la cúspide judicial sino que se había tendido una verdadera telaraña de oportunistas y jueces, que desconocían la ética,
Era muy conocido que los abogados se palanqueaban un juzgado, una notaría, “para salir de pobrezas” Y también era público y notorio que la función judicial apestaba por los cuatro costados.

Se ha dicho y se ha asegurado que los Estados Unidos de Norteamérica (USA) es un ejemplo de respeto a esta división de poderes. Aparentemente, si.
Lo que no se toma en cuenta es que demócratas y republicanos son casi lo mismo (se diferencian por muy poco) y el señor Obama (a quien le dieron el premio nobel de la paz anticipado) está demostrando que es así.
Entonces, no tiene sentido cambiar a profundidad nada; menos la Corte Suprema de Justicia. Y el caso de los cinco cubanos (de Cuba) antiterroristas, es un ejemplo de que en ese país no pasa nada.

Precisamente, esos cinco muchachos, que espiaban a la mafia cubano-USA que actúa en Miami (el refugio que buscó nuestro “analista” de El Universo, Emilio Palacio) para contrarrestar y estar atentos a una serie de hechos terroristas patrocinados, desde esa ciudad, por la gusanera cubana, pues esos antiterroristas fueron sentenciados a penas totalmente absurdas (uno de ellos fue sentenciado a doble cadena perpetua y, por si acaso, a unos añitos adicionales) y a un tratamiento carcelario que no se da ni a los peores criminales USA, a pesar de que en el juicio se probó hasta la saciedad que esos muchachos no cometieron delito alguno contra los EE.UU.
¿Cómo explicar esas sentencias en un país que dijo que combatiría al terrorismo allí, donde se esconda?

Había que hacer algo; y ese algo, en Ecuador, se dio mediante una consulta popular, el 7 de mayo del 2011. El Presidente Rafael Correa –a pesar de lo que decían los medios sipianos y sus corifeos- prefirió preguntar a los y las ciudadanas: ¿quiere usted que un Consejo de la Judicatura Transitorio, en 18 meses plazo, ponga las bases para una restructuración total? La respuesta de los y las ecuatorianas fue que si, que había llegado el momento de esa reforma.

Pero los opositores, hasta hoy día, claman y proclaman porque el Presidente de la República no “abarque” todo el poder. El argumento es que debe respetarse la clásica división de funciones porque de lo contrario se está forjando una “dictadura” (una autocracia) ya que, inclusive analistas políticos de jerarquía, dicen que el germen del nuevo fascismo está en esa acumulación.
Pero, hay también quienes dicen que hay síntomas de esa tendencia y que, por lo menos en el caso de (Rafael) Correa, esos síntomas no han aparecido.
Y añaden algo que hay que tomar muy en cuenta: que el día en que supuestamente Correa y su equipo se vayan hacia una autocracia, los que ahora se quejan y denuncian, con seguridad, estarán de acuerdo, porque el fascismo y sus tendencias, es de ellos.

Lo que si hay que anticipar es que haga lo que haga (ojalá lo haga bien) el Consejo Transitorio, el juez o el fiscal o los amanuenses y peritos que vengan o que se queden, pretenderán seguir en lo mismo; es decir, seguir delinquiendo.
Y entonces, dependerá de que en las nuevas normas, especialmente administrativas, haya las disposiciones pertinentes y estas sean aplicadas sin contemplaciones, por quienes asuman esa ingrata tarea. Por proponer algo: que el juez, el fiscal, el perito (el alguacil alguacilado) tengan que pagar lo mismo que debió pagar (en multas y/o sanciones penales) a quien pretendió favorecer. Y así, otras medidas.

Debe terminarse la impunidad, que no es lo mismo que la inmunidad aunque van por el mismo camino. Y ni así. Siempre habrá el “descuidado” (el perverso) que viola la ley; pero, por lo menos si sabe lo que le espera, pues entonces él solo se la buscó. Y ni así. Seguirá dándose la delincuencia y el juez corrupto. Pero, por lo menos. Lo que no puede permitirse es que se repitan las mismas circunstancias que han llevado a la función judicial a una crisis intolerable; de la cual, los y las ecuatorianas queremos salir.

Esa posibilidad (del cambio) debía darse mucho antes; pero, sus beneficiarios directos e indirectos esperaron a que la ciudadanía diga si, para oponerse al cambio. ¿Entonces? Decía un jurisconsulto (de esos que saben de doctrina) que el problema judicial es múltiple. Páguese los sueldos que se paguen, siempre habrá el fiscal, el juez, el perito, que cree llegado el momento de “salir de pobrezas” y de vivir bien; más que bien.
O el juez que se vale de esa maraña contradictoria que son actualmente las leyes, para sancionar “legalmente” un asunto, con una tesis; y a la mañana siguiente, sancionar “legalmente” pero en sentido contrario. Y no pasa absolutamente nada. Y también no faltará el judicial que omite una firma o una convocatoria, pero para que el juicio se anule y pueda ganar la parte que de otra manera jamás podría haber ganado.

Y el jurisconsulto decía también que el problema es de los abogados. Verdad es que el sindicado (por más flagrante que sea su caso) siempre tendrá derecho (y debe seguir tendiendo) a un juicio justo.
Pero los abogados defensores también deben saber que la ética y la moral forman parte de su profesión; y que no porque hay de por medio buen billete, vale cualquier recurso para sacar libre al cliente.
Para controlar esas prácticas, están los jueces y los fiscales y un mínimo de decoro, según el juramento que todos los profesionales del mundo prestan cuando son lanzados, con todo derecho, al ejercicio profesional.

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