Más de 17.000 dependientes han muerto antes de cobrar

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CATALUÑA

Más de 17.000 dependientes han muerto antes de cobrar

El consejero de Bienestar Social denuncia los retrasos» del gobierno tripartito en la aplicación de la Ley de Dependencia

Día 16/02/2011 - 10.05h

El consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, advirtió ayer de que es imposible aplicar la Ley de Dependencia a personas con grado moderado de dependencia porque es urgente solventar antes «los flagrantes incumplimientos del anterior gobierno» y atender a las personas con dependencia grave. En declaraciones a los periodistas durante un receso de su primera comparecencia como consejero ante la comisión del Parlament, Cleries denunció «los retrasos» del gobierno tripartito en la aplicación de la Ley de Dependencia. El resultado de este retraso son «54.627 personas que todavía están esperando que se realice la valoración de su caso o se aplique el Plan Individualizado de Atención (PIA), de las cuales el 67 % están fuera de plazo». <MC>

Los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña han provocado situaciones «graves», según Cleries, quien hizo referencia a las 17.274 personas con derecho a la prestación que han muerto sin poder disfrutar de este derecho. En este sentido, aseguró que se pagará a los herederos de estas personas la prestación que les corresponde en función de la fecha de defunción.

Pedirá un aplazamiento

El consejero se comprometió a resolver las solicitudes pendientes para dependencias graves en un plazo de cinco meses. «Hasta que no solventemos los retrasos acumulados no podemos asumir la atención de las personas con grado moderado de dependencia», insistió Cleries, que recordó que el Gobierno español ha aprobado que estas personas empiecen a recibir la prestación a partir del 1 de enero de 2011. «Plantaremos cara en Madrid y reclamaremos que se aplace la entrada en vigor del grado moderado de dependencia», añadió ante los periodistas el consejero, que criticó que el Estado haya elaborado una ley «que obliga a las comunidades autónomas a ofrecer unas prestaciones sin poner el dinero necesario». «En marzo tengo una reunión con la ministra Pajín y le expondré la situación», dijo.

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