#NOalaLeySINDE Todos los contribuyentes costearán el sistema alternativo al 'canon digital'

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La 'ley Sinde' ve la luz con el PP

El Ejecutivo de Mariano Rajoy suprime el canon digital y lo sustituye por un "sistema de compensación"

I. SEISDEDOS / A. FRAGUAS - Madrid - 30/12/2011

 

Dos años después de una concepción que se pretendía de urgencia, la ley Sinde vio ayer por fin la luz al final de un túnel de patinazos parlamentarios, pactos in extremis, rebeldía internauta y renuncia del anterior Gobierno a desarrollar una normativa antidescargas que busca el cierre de páginas web que sirvan o enlacen sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor.

La ley la había sacado adelante el PSOE en el Parlamento con los votos de PP y CiU.

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Pero hubo que esperar al segundo Consejo de Ministros del PP para que se aprobase el reglamento que dé desarrollo tal y como lo dejó el anterior Ejecutivo. No incluye más cambios que el nombre de los ministerios que aportan funcionarios a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, la encargada de ordenar la clausura de las webs.

Tras el cambio de Gobierno, los cinco miembros procederán de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia y Economía y Competitividad. La presidencia corresponderá a José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura (a falta de ministro del ramo) o quien él designe.

La noticia del alumbramiento la dio la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que además anunció la sustitución del llamado canon digital, vieja aspiración del PP, por un gravamen universal.

Es decir, lo pagaremos todos, hagamos o no copias privadas. La cantidad saldrá, según fuentes ministeriales de una partida de los Presupuestos Generales del Estado, que se pactará con las entidades de gestión, y ascenderá a una cifra entre 37 y 42 millones, cantidad que sale de multiplicar la población española por 0,8 o 0, 9 euros per cápita. Menos de la mitad de lo recaudado con el anterior sistema en 2010.

Entre tanto recorte económico y subida de impuestos la culminación de la ley Sinde pasó prácticamente inadvertida en un primer momento. Acaso fue por la formulación un tanto confusa (se habló de "la aprobación de la Comisión de la Propiedad Intelectual", que viene a ser tomar la parte por el todo) o porque se acompañó del anuncio más popular de la sustitución del canon por "un sistema de compensación por copia privada".

Sea como sea, la Red no pareció soliviantarse como era habitual en estos casos. Al menos, en un primer momento. Claro que después las palabras ley Sinde se convirtieron en "tema del momento mundial" en Twitter.

Nadie piensa dejar de llamar a la norma con el nombre de la ministra saliente, que la bautizó involuntariamente por oposición de la Red, cuando la legislación se coló de una manera pretendidamente discreta como disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Quizá tenga sentido, dado que el PP no ha introducido cambios de relieve en el reglamento heredado del anterior equipo de Cultura tras atender a las recomendaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

La exministra aseguró a Efe que la decisión del PP le parecía una "buena solución que lo que busca es perseguir a las páginas, que son muchas, que se lucran, y no perseguir al usuario" en unas palabras que sonaron a eco de las pronunciadas por Sáenz de Santamaría: "Solo se va a actuar, y siempre con protección judicial, contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales".

La vicepresidenta destacó también que con estas medidas "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería" el mismo día en que se conoció que la Cámara de Comercio de Estados Unidos había remitido una carta a Mariano Rajoy en la que le conminaba a tomar medidas para evitar la fuga de inversiones.

"Su falta de aprobación [de la ley Sinde] ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia".

Pese al "importante paso" dado ayer en las políticas de protección de la propiedad intelectual, aún quedan por conocer los detalles, y ya se sabe que en ellos reside el diablo. La comisión empezará a cerrar páginas web en los primeros compases del año, aunque no se precisó cuándo, si bien un portavoz de Educación, Cultura y Deporte aseguró que sería a la vuelta de las vacaciones.

El resto de la ley Sinde se ajusta a lo pactado en el Senado (un modelo mixto administrativo-judicial que se basa en la denuncia de los titulares y designa una comisión sometida a control judicial en dos momentos del proceso) y a la reforma del reglamento adelantada por EL PAÍS: el desarrollo normativo castiga expresamente la reincidencia de los infractores y persigue a las webs de enlaces.

Todos los contribuyentes costearán el sistema alternativo al 'canon digital'

Igual que un contribuyente sin coche paga de sus impuestos la construcción de autopistas, los ciudadanos ahora sufragarán de su bolsillo la compensación a autores y dueños de derechos de propiedad intelectual por la realización de copias privadas de sus obras.

El Gobierno del PP aprobó ayer la supresión del llamado canon digital (la tasa que grava a priori cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento sujeto a derecho de autor) y anunció su sustitución por otro sistema de compensación que será definido "mediante un Real Decreto", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Anualmente el Estado destinará entre 0,8 y 0,9 euros por habitante -entre 37,6 millones y 42,3 millones de euros- para compensar a los autores y dueños de derechos, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes del nuevo Ministerio de Educación y Cultura. En 2009 por esta vía se recaudaron 90 millones de euros, de acuerdo con datos de las sociedades de gestión. En 2010 la misma fuente asegura que los ingresos mediante el canon fueron "inferiores" a los 100 millones de euros.

El Ejecutivo apunta cómo funcionará el nuevo sistema: "Se desarrollará reglamentariamente el mecanismo que establece una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado.

Dicha cantidad será determinada por el Gobierno y recogida en los Presupuestos Generales del Estado tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea".

Rafael Sánchez, portavoz de las sociedades de gestión Egeda (productores) y SGAE (autores y editores), señaló que ahora el canon "lo van a pagar todos los españoles, con independencia de que hagan copias o no", y agregó: "Nos vamos a alejar de lo que están haciendo en la UE".

Jesús Banegas, presidente de Ametic (asociación de operadoras y empresas tecnológicas), saludó la supresión pero calificó de "disparate" recurrir a la vía impositiva. La Asocación de Internautas ha aplaudido la medida pero ha pedido que se devuelva lo recaudado hasta ahora.

ELPAIS.COM

Del #nolesvotes al #nolescompres [boicot a los defensores de la Ley Sinde]

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El gobierno ha tomado la red. El gobierno de Rajoy ha culminado la Ley Sinde del PSOEla embajada de EE.UU. y las SGAE, que viene a ser lo mismo. Por eso los que no les votaron y llamaron a no votarles hacen ahora un llamamiento para que #nolescompres.

Inspirados en el boicot a las compañías que apoyan la SOPA (el proyecto de ley antipiratería de EE.UU) que va a ir a más. España no es diferente. También la #RedResiste y algunos de sus defensores plantean que ha llegado la hora del boicot a los defensores de la Ley Sinde. Así lo explican:

Estamos al inicio de una legislatura, enfrentados a una larga trayectoria antes de las siguientes elecciones. En su segundo Consejo de Ministros, el gobierno del PP aprobó el Reglamento de la “ley Sinde”.

Las movilizaciones, intentos de diálogos y opiniones de juristas, han sido ignoradas. Se han dado por buenas las tesis y exigencias de los grupos de presión para que apruebe una ley que socava derechos fundamentales, y la necesaria independencia y juridiscción judicial de un estado de derecho.

Así, no nos dejan más opción que responder con aquello que afecta directamente a los intereses de fondo: el dinero. Si el debate público y el activismo intenso durante más de dos años no han servido de nada, sólo podemos recurrir el boicot a aquellos que han exigido y apoyado el recorte de libertades en la red.

El objetivo del boicot es no comprar ni consumir obras artísticas e intelectuales de autores, productores, agentes o directivos que se manifestaron explícitamente, o participaron en los grupos de presión de la redacción y aprobación de la conocida como “ley Sinde”.

No se intenta reducir la libertad de expresión, ni de que se ganen la vida con sus obras intelectuales; por ello no se solicita el boicot contra medios de comunicación, ni se pide que se quiten del mercado estas obras.

Sólo se pide un consumo responsable; que no se adquieran obras intelectuales cuyos principales implicados se hayan manifestado explícitamente a favor de la “ley Sinde”, o de cualquier otra ley que recorte libertades fundamentales en favor del interés comercial de una minoría.

¿Es democrático el boicot?

Los grupos y personas que presionaron para la aprobación de la ley Sinde usaron todas las herramientas posibles que les permite la ley, incluso en algunos casos las han violado. Han usado la libertad de expresión, hasta los límites de la ley, para acusar a la ciudadanía de ladrones, piratas, que sólo pretenden todo gratis. Han contratado a personas y empresas para divulgar su mensaje.

Usaron dinero público para campañas de manipulación. Mantuvieron reuniones con delegados de otros países, solicitaron a EEUU que incluya a España en su lista de países más piratas, para usarlo luego en sus campañas de manipulación, incluso en juicios manifiestamente exagerados.

Contrataron a empresas para elaborar estudios fraudulentos. Difamaron a personas con nombre y apellido, conocedores que tenían más y mejores recursos para posibles demandas legales.

Escribieron artículos falsos y manipuladores en todos los medios de comunicación a su alcance. Mintieron repetidamente sobre los resultados de juicios que han perdido, pero siguieron usando la frase “descargas ilegales” a sabiendas de su falsedad.

Cuando vieron que los jueces no les iban a dar la razón, acusaron que estos desconocen la ley, e hicieron lo posible para evitarlos. Así se llegó a la ley Sinde.

En todos estos años se intentaron diferentes métodos, manifiestos, reuniones, manifestaciones, campañas por el voto responsable. Fue en vano, como si no existiese el descontento generalizado en la ciudadanía, entre expertos legales, e incluso en el propio estamento judicial.

Quedó de manfiesto que sus grupos de presión, financiados por con fondos públicos por diferentes vías, tiene una gran capacidad de influencia, infinitamente mayor que la de la ciudadanía interesada por el complejo problema.

Ante esta situación, el boicot no solo es una herramienta perfectamente legal, ya se usó en casos similares, es prácticamente la única que nos queda.

La decisión del boicot no es resultado de un enfado superficial, recurrimos a él después de años de activismo de defender que la red no sea un estado de excepción, con leyes y normas más restrictivas que las que regulan nuestra convivencia en el “mundo físico”.

No se hace el boicot por unas ideas u opiniones diferentes, sino por las acciones, esas que consiguieron la aprobación de una ley que crea un organismo administrativo de censura en la red.

Tampoco se pide una persecución o caza de brujas contra los que no estén de acuerdo con el boicot, o que no lo cumplan, sólo contra aquellos que autores que se manifestaron públicamente a favor de una ley que sólo les favorece a ellos, a costa de rebajar derechos y eliminar la independencia y protección judicial.

Si hay que criticar la calidad democrática de lo que pasó en los últimos años, el boicot no es, ni de lejos, la peor.

El wiki de la convocatoria espera tus aportaciones. En la lista faltan muchos. Todavía no están los 40 principales del rancio lobby de EE.UU. de España y sus asesores político-militares. Aunque el boicot a los negociantes de las armas (las descargas de muerte, por ejemplo) se nos escapa, la verdad. Como a Gadafi que ya no se las puede comprar. Gobierno Sindecencia.

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#nolescompresBoicotLey SindeRedResiste

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Desmontando paso a paso la Ley Sinde


Por adelgado el 17 de diciembre de 2010 - 

Toda la presión ejercida sobre España en cuanto a propiedad intelectual y que ha derivado en la ley Sinde (que será aprobada el próximo martes día 21 de diciembre por la puerta de atrás en el Congreso) está basada en una gran mentira elaborada a lo largo de los años conestudios fabricados por la misma industria afectada, datos descontextualizados, falacias, intereses ajenos e incluso leyendas urbanas.

Hasta ahora teníamos retales sueltos de esta falsedad, pero los cables filtrados por Wikileaks, tanto en su web como a través del diario El País, han confirmado nuestras peores sospechas. La realidad estaba tras un reguero de datos e informaciones que son públicos desde hace años. Por ejemplo, el año pasado pude reconstruir los pasos dado por el Gobierno y los grupos de presión para forzar una legislación a favor de sus intereses utilizando las hemerotecas de los periódicos.

Recordemos la situación: en España los enlaces p2p no son delito. En 10 casos ha habido sobreseimientos libres a diversas páginas de enlaces en varias audiencias provinciales. En los únicos casos donde ha habido una sentencia condenatoria ésta ha sido “de conformidad”.

Es decir, se ha llegado a un pacto con los denunciantes en el que el acusado se declara culpable y no se juzga el fondo del asunto. La ley Sinde está pensada para para quitarse de en medio a los jueces y sustituirlos por un órgano administrativo.

Si la justicia no ha dado la razón a la industria en sus demandas de cierre de páginas de enlaces, la “solución” era saltársela.

Mientras la industria tramaba el plan, los políticos españoles han hecho gala de su histórica ineptitud en temas relacionados con Internet, las nuevas tecnologías, los hábitos de los usuarios, la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital, etc. Para ellos (bien por analfabetismo digital, bien por falta de miras o bien por opacidad en sus relaciones con grupos de poder) la ley Sinde ha sido considerada siempre como un tema menor que no merecerá ni siquiera un debate en el Congreso antes de su aprobación. “Internet debe ser regulado”, dicen quienes necesitan a una secretaria para que les filtre y borre sin leer los mensajes de los ciudadanos.

Echando la vista atrás podemos ir descubriendo cómo la industria ha ido elaborando el argumentario que ha concluido con éxito en la Ley Sinde:

Paso 1. Si tus clientes cambian de hábitos, no les des alternativas

España está al mismo nivel que otros países de nuestro entorno. Lo que ha ocurrido ha sido un cambio de hábitos de los consumidores, y esto trae consigo la adaptación de estas industrias. Como todas. Como siempre ha pasado y pasará.

En realidad lo que tratan por todos los medios es de mantener los mismos márgenes y situación antes de que la llegada de Internet y la digitalización de los contenidos echara por tierra su modelo de negocio. Incluso pisoteando para ellos los derechos fundamentales de los ciudadanos con la idea de parar el progreso y volver a 1990.

Como ejemplo tenemos el streaming, una forma de acceso a los contenidos audiovisuales que se ha convertido en una de las principales formas de acceso de los usuarios con un gran tirón gracias a sitios como Youtube o Spotify, una plataforma que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios y que triunfa en España. Sin embargo, Spotify (que ha repartido este año 70 millones de euros a las discográficas) no es del gusto de la propia industria ya que los márgenes que deja son mucho menores.

En EEUU, la oferta disponible de contenido audiovisual de las multinacionales es muy superior a la española, como puede comprobar cualquier usuario que quiera acceder ahora mismo a un contenido audiovisual. Hasta hace poco menos de un mes, ni siquiera existía una tienda de alquiler y venta de películas en iTunes en España. No es por falta de negocio, ya que lo hay para el que quiera innovar y hacerlo.

La semana pasada, Netflix (la compañía que revolucionó el alquiler de películas en Estados Unidos y se llevó por delante a la cadena multinacional de alquiler de películas Blockbuster y le forzó a redefinir su negociosustituyó al grupo New York Times en el índice que Wall Street reserva a las 500 mayores compañías estadounidenses, el S&P 500.

En España, las empresas y emprendedores que han intentado montar una plataforma de alquiler o venta de contenidos audiovisuales se ha encontrado con el rechazo de las grandes multinacionales y distribuidoras locales, empeñadas en mantener el precio artificial de su catálogo por encima de todo.

Paso 2. Manipula o inventa las cifras

Esta semana se ha conocido el informe anual sobre Contenidos Digitales en España 2010, un estudio realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). En él se detallan de forma pormenorizada algunos datos de la industria cultura en el área digital en España.

Destaca que el 45,5% de los ingresos generados por esta industria corresponden al canal digital y que el 24% de los ingresos de la industria musical provienen de ventas en canales digitales, dato que sitúa a España en una situación similar al resto de países desarrollados. Es decir, que compramos por la vía digital tanto o tan poco como los demás. Una heroicidad teniendo en cuenta la falta de oferta existente.

Es curioso este dato, porque contradice toda la pataleta de la industria cultural española de los últimos años. Con 13 de los 124 cables correspondientes a temas de propiedad intelectual en España, es posible hacer un recorrido pormenorizado de cómo han sido estos encuentros, las presiones a las que se han sometido y los falsos argumentos utilizados a lo largo de los años.

En el cable 05MADRID4026, se cuenta una reunión de 2005 con la ministra de Cultura del primer gobierno de Zapatero, Carmen Calvo, donde ella asegura que la piratería da más dinero que el tráfico de drogas. Una leyenda urbana que había sido publicada meses atrás y que también es conocida como “el mito del kilo de hachís” y que se cae por su propio peso con una sencilla operación matemática, como demuestra David Bravo en su libro “Copia este Libro” y que Nacho Escolar descubrió en “El bulo del kilo de CDs pirata que costaba cinco veces más” que la frase provenía de la SGAE.

Otro de sus argumentos en defensa de la Ley Sinde es que la piratería obliga a los músicos a“volver a hacer bolos porque no pueden grabar discos”. Algo que tampoco se sostiene, ya que los ingresos obtenidos por un músico en la venta de disco nunca ha sido su principal fuente de financiación. El problema no es de la música ni de los músicos, sino de los intermediarios, las discográficas y de una industria que lleva 15 años sin saber adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios.

Paso 3. Prioriza los intereses de una industria extranjera

Otro ejemplo. En el informe del ONTSI se afirma con datos que los largometrajes extranjeros (básicamente el cine de Hollywood) representan el 84,4% de la recaudación en España.
Sin embargo, el lobby del copyright en España amenaza con que si no se aprueba la Ley Sinde, estas multinacionales “se van a ir” . Como si alguna industria se hubiera ido alguna vez de un país en el que “solo” representa el 85% del negocio.

A todo esto ¿qué piensan los propios profesionales de la cultura de sus industrias? Esta semana también se han conocido los datos del III Barómetro del Observatorio de la Cultura, realizado por la Fundación Contemporánea, que analiza de forma periódica la situación de la industria cultural en España. Para ello, se realiza una consulta semestral a profesionales de la cultura como escritores, artistas, directores, productores y actores, etc. Copio un párrafo de la nota de prensa enviada a los medios:

El 58% de los encuestados destaca que el cine español compite con dificultad en promoción y distribución con las grandes producciones internacionales. El 38% cree que el sector se ha creado una mala imagen de subvencionado y politizado. El 36% piensa que aunque el cine español produce buenas películas, no sabe comunicarlas bien ni sintonizar con el público. Por su parte, el 26% considera que el cine español tiene en general poca calidad e interés.

Respecto a la mala imagen del sector cinematográfico español:

“(..) Se le califica de muy subvencionado, politizado y con una imagen muy negativa, se le asignan calificativos como autocomplaciente, arrogante, endogámico y victimista y se le acusa de divismo y de actuar como un grupo de presión”.

Es decir, para la propios profesionales de la cultura en España, el principal problema para que el cine nacional despegue es la dificultad para enfrentarse a las grandes producciones de Hollywood, que recordemos, acapara el 84,4% de la recaudación en taquilla. Por tanto, que una legislación sea favorable a los intereses de Hollywood no significa que tenga que serlo para las industrias locales.

La Ley Sinde sólo beneficia a las multinacionales extranjeras, no a las pequeñas producciones nacionales. El cine español, que lleva desde sus comienzos en crisis, muchos ciudadanos no quieren verlo ni gratis, y ni siquiera se lo bajan desde redes P2P.

Hace falta un debate profundo sobre qué tipo de industria y acceso a la cultura queremos y que conviene a la sociedad española, sin embargo, es mucho más sencillo simplificar afirmando que los españoles son los más piratas, pidiendo medidas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos para mantener un modelo de negocio caducado. Restringir libertades civiles y matar el futuro para mantener el pasado.

Paso 4: Conspira con otro país para coaccionar al gobierno y los usuarios españoles

El País (un medio que por cierto ha necesitado que Wikileaks le filtre unos cables para descubrir por fin una realidad que está documentada en sus propias hemerotecas) ha contado como la presión estadounidense sobre España se ejerció a todos los niveles con una estrategia a corto, medio y largo plazo (07MADRID2305) marcada por la Embajada. Puedeverse gráficamente dentro del post que publiqué poco antes de que se desvelara el contenido de algunos de los cables con los tags KIPR y SP.

Una de las armas con la que se presiona a España es la inclusión dentro de una “lista negra”, el Informe 301 de “países a vigilar” por vulneraciones de propiedad intelectual, entendida esta siempre dentro de la concepción norteamericana de copyright, no como el concepto europeo de derechos de autor.

Este informe, que no es gubernamental, lo realiza un lobby privado formado por las principales multinacionales y asociaciones sectoriales de las industrias culturales de EEUU, aunque es utilizado como medida de presión por el mismo gobierno de Estados Unidos.

Según se desprende de los cables, la inclusión o no de España en este informe ha estado supeditada a un juego de intereses que nada tiene que ver con la realidad del país. Por ejemplo, en 2004 (04MADRID736) decidieron como gesto de buena voluntad y esperando un cambio de Gobierno, no incorporar a España en este informe, mientras que en 2005 (05MADRID696) la decisión de mantenerlo fuera de este informe fue por el anuncio de un plan antipiratería, sin embargo, en 2008 y 2009 se decidió incluirlo. En 2008 (08MADRID211), la embajada fue clara: si antes de octubre de 2008 el Gobierno no declaraba ilegal el intercambio de archivos entre particulares sin ánimo de lucro, modificaba la famosa Circular de la Fiscalía del Estado de 2006(PDF) donde se aclara la postura de los fiscales españoles respecto al intercambio en redes P2P y se tomaban medidas como las de Francia y Reino Unido, España sería incluido en dicho informe. Algo que finalmente sucedió.

(Por cierto que los ataques de los grupos de presión y de Estados Unidos a esta circular demuestran que no se lo han leído. En ella, no se despenaliza el intercambio de archivos o las descargas, ya que no es delito. Lo único que hace es describir la situación de la legislación actual, sin modificar ninguna ley).

En este mismo cable, Promusicae, SGAE y FAP recomiendan a EEUU incluir España en dicho informe y que presionen para que se modifique el código penal para criminalizar a los internautas. Además aderezan sus respuestas con datos de estudios de mercado. Es una práctica habitual de los grupos de presión encargar estudios de mercado para generar estados de opinión favorables a sus propios intereses, o bien utilizar estudios ajenos y sacarlos de contexto.

Por ejemplo: la SGAE, para apoyar sus tesis de que España es el país mas pirata, utiliza los datos una estudio europeo realizado en 2007 por la a Asociación de Europea de Publicidad Interactiva (EIAA) sobre hábitos de los usuarios. Esta encuesta, realizada a 1.000 personas en España, no está orientada a analizar el tipo de contenido descargado, pero en manos de la SGAE se utiliza para convertir los hábitos de descargas de contenidos en una actividad ilegal.

Esta criminalización de los hábitos y acciones de los usuarios de Internet no tiene límites: en otra parte del cable, la FAP comunica a la embajada que dado el crecimiento de la penetración de la banda ancha en España los ingresos de la industria disminuirán por la piratería.

En julio de ese mismo año, la embajada envía un cable donde se identifican a siete páginas de enlaces y se describe su funcionamiento -pero sin que la embajada haya subido o descargado nada, recalcan- mientras se queja de que España está pendiente de la actuación de otros países (08MADRID843).

Paso 5: Redáctale al Gobierno la Ley Sinde

Ese mismo mes, el embajador se reúne con el Ministro de Cultura, Cesar Antonio Molina, (08MADRID724) que le informa del plan antipiratería promovido por el Gobierno. Sin embargo, el embajador se mantiene inflexible y le comunica que EEUU ha esperado muchos años a que dieran ese paso, y por eso, España está incluida en el Informe 301. Esta recriminación se repite dos meses más tarde, en un encuentro bilateral (08MADRID987).
Un año más tarde, en octubre de 2009, en un nuevo cable de la Embajada (09MADRID982) puede leerse parte de las presiones realizadas a Francisco Ros, en ese momento secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información(*), que públicamente cuestionó los datos de la piratería en España y llegó a decir que la inclusión de España en el Informe 301 era arbitrario e injusto. Así que le organizan a Francisco Ros varias reuniones con ejecutivos de la Industria de Hollywood para “sacarle de su error”.

En noviembre de 2009 se organiza dentro de FICOD, la feria dedicada a los contenidos digitales promovidos por el ministerio de Industria, una conferencia sobre Propiedad Intelectual, cuyo resumen está recogido por un cable (09MADRID1152) de la Embajada. Todas esas conferencias fueron grabadas en vídeo y están disponibles íntegras en la web de FICOD, por ejemplo, puedes ver esta interesante mesa titulada “La lucha contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad intelectual en Internet” con representantes de lobby del copyright, los ISPs y altos cargos del ministerio de Cultura.

Sin embargo, lo más importante de este cable sobre FICOD es que la embajada se reúne allí con los ministros de Industria y Cultura, Miguel Sebastán y Gonzalez-Sinde, que comunican que trabajan en una “acción administrativa” contra páginas de enlaces.

Si vemos la mesa redonda antes enlazada podemos ver cómo el representante del lobby del copyright dice allí que el objetivo son 200 páginas web nacionales e internacionales. En el turno de pregunta entra en detalles y especifica punto por punto todas las reformas que van a realizarse, ante la sorpresa del representante ministerial(**), que titubea ante este alarde de conocimiento sobre una ley que aún no había sido presentada. Es un secreto a voces: el lobby del copyright le ha redactado una ley al Gobierno hecha a su medida.

El día uno de diciembre de 2009 se conoce el contenido de la LES con su Disposición Adicional Segunda, conocida popularmente como ley Sinde.

Paso 6: Ignorad a los ciudadanos entre todos

Tras la repercusión en respuesta al manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”, la embajada envía un cable (09MADRID1161) en el que informa del gran movimiento ciudadano surgido de Internet así como unas declaraciones realizadas a la embajada por el director de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, Carlos Guervos, que según este cable contesta con un proverbio árabe: “los perros ladran pero la caravana sigue avanzando”.

La polémica con la Ley Sinde hace que el Partido Popular se posicione en un primer momento contra esta legislación, así que la embajada se reúne a finales de enero de 2010 con Mariano Rajoy (10MADRID67), y este explica que su postura contra el cierre de webs se debe a que es un debate sobre la libertad de expresión. La embajada resume el encuentro destacando que el PP comprende la importancia de proteger la propiedad intelectual, pero que sacará beneficio político en el debate si se posiciona en contra.

Unos días más tarde, el 10 de febrero, el embajador se reúne con la ministra de Cultura Gonzalez-Sinde. Este cable (10MADRID174) es muy jugoso y merece la pena leerlo completo. Hace unos días se tradujo de manera colaborativa al español por esa razón. Es una radiografía de cómo se hace política, cómo se legisla y en qué situación estamos actualmente en España. Algunos extractos:

(..) La Ministra dijo que desde que llegó al Ministerio el pasado abril se habían hecho muchos progresos y ha habido un debate público y abierto sobre los asuntos que rodean la piratería en Internet. Todavía existen demandas populistas por la [free culture -cultura gratuita/libre], pero se están tomando menos en serio por parte de los medios. Internet está sacudiendo los modelos tradicionales de distribución cultural, dijo. El incremento en el uso del libro electrónico está sensibilizando a los autores y a los dueños de medios influyentes sobre el problema de la piratería.

(..) También constató que la industria musical en particular no cree que la propuesta gubernamental vaya a resolver el problema, a lo cual la Ministra replicó que el Gobierno se ha comprometido a intentar enfocarlo de esa manera en primer lugar y,si esto no se probara efectivo, añadir algo más y, quizá, medidas más fuertes.

Paso 7: Legislad

Y así llegamos al futuro, tu futuro. La ley Sinde se aprobará la semana que viene, se pondrá en marcha en primavera y no funcionará. Lo siguiente será presionar para empezar a cortar la conexión a Internet como en Francia (no lo digo yo, es que casi lo ha dicho la Ministra de Cultura) y todas aquellas medidas que al lobby del copyright se le ocurra, porque es así como está todo planeado.

Todo en lugar de abrir de una vez por todas un debate serio con una profunda reforma para la modernización de la propiedad intelectual en España, algo que ya está haciendo Cameron en Reino Unido.

En resumen: todo esto no tiene que ver con las descargas, ni con bajar películas gratis. Es una lección sobre cómo se construye nuestro futuro como país y como sociedad.

—–
(*) Francisco Ros fue cesado en julio de 2010 y actualmente ocupa el puesto de primer consejero no anglosajón en la multinacional norteamericana Qualcomm.

(**) Este alto cargo ministerial, Guillermo del Corral, director general de Industrias Culturales, unos meses después de presentada la ley Sinde se fue de consejero de Asuntos Culturales de la Embajada de España en EEUU para impulsar la Spain Usa Foundation.

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