Las nuevas generaciones del PP son comunistas
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El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha llamado a la revolución a los jóvenes de su partido para que no permitan los planes de Telefónica, favorecidos por un Gobierno que "ha traicionado la dignidad de los currantes".
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El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha activado hoy su vena de sindicalista seguidor de Lenin para arremeter contra el Gobierno y, sorpresa, contra una empresa privada.
Pons ha aprovechado el congreso de Nuevas Generaciones del Partido Popular para afirmar que sólo con un socialismo "nostálgico, desconcertado e injusto" puede suceder que una compañía como Telefónica reduzca la plantilla y aumente los bonus a sus directivos sin que al Gobierno "se le mueva un pelo, sin que pase nada".
El valenciano ha sido el primer dirigente popular que se ha referido a la decisión de Telefónica -privatizada por el PP, responsable también del nombramiento de César Alierta como presidente- de reducir su plantilla en un 20 por ciento por la caída de ingresos en España, y al tiempo, subir las bonificaciones a sus directivos en cuantías récord en la historia de la compañía.
Y lo ha hecho para decir que "cuando los trabajadores de Telefónica levanten la cabeza" y miren al Gobierno, se encontrarán con las caras de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, es decir, "las mismas caras porque son las mismas políticas". Las políticas, ha continuado, que "han traicionado la dignidad de los currantes, de los trabajadores y de los jóvenes" gracias a un Ejecutivo, como el del PSOE, que "piensa más en los intereses de Emilio Botín -presidente del Banco Santander- y en los de las grandes empresas".
"El problema" para González Pons no es el jefe del Gobierno, sino su ideología, "un socialismo nostálgico, desconcertado e injusto". El 'popular' ha proseguido sus críticas al Ejecutivo y a la ideología que practica, especialmente por cómo trata a los jóvenes, a los que "promete imposibles y luego siempre decepciona", a los que "no aporta nada" y a los que sólo puede ofrecerles paro.
A su juicio, este país, en un contexto como el actual, "tiene que estar preñado de una revolución" o resignarse a ser "un huevo vacío", pues "una generación frustrada" como la que pide paso "ha de ser una fiera y no convertirse en un enorme bostezo". Pons ha pedido a los jóvenes del PP que "sigan queriendo cambiar el mundo". Lenin y Marx firmarían esta proclama.
Críticas razonables
Antes del griterío demagógico de González Pons, Gobierno, partidos políticos y agentes sociales se han manifestado contra la reestructuración de personal de Telefónica y también contra el plan de incentivos a directivos por valor de 450 millones de euros, anunciado hoy.
"No estoy de acuerdo. Más claro no puedo ser", afirmó tras el Consejo de Ministros de hoy el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en relación al posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, eludió hoy en China comentar este plan de ajuste porque no está al corriente de sus detalles y declaró en rueda de prensa: "cuando lo conozca, podré dar una opinión; de momento, no la voy a dar".
Por su parte, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, también se pronunció ayer al respecto y aseguró que el anuncio de recorte de plantilla "en un tamaño tan importante" no se produce en el mejor momento, en referencia a la situación económica española.
Al anuncio de reestructuración de ayer se le sumó hoy la propuesta de reparto de incentivos entre directivos por valor de 450 millones de euros en cinco años, que llevará la multinacional a su Junta general de accionistas del 18 de mayo. Partidos políticos, agentes sociales y sindicatos han coincidido en mostrar a lo largo de la jornada su estupor ante la poca dilación entre las dos comunicaciones de Telefónica.
Reputación en peligro
Desde el sindicato UGT, su secretario general, Cándido Méndez, instó a Telefónica a que corrija la "imagen sangrante y sonrojante" que da la compañía al anunciar "bonos" a ejecutivos de 450 millones de euros e incentivos adicionales de permanencia por valor de 50 millones, un día después de proponer recortes en su plantilla.
El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmó que "debería estar tipificado como delito" el que empresas con beneficios como los de Telefónica, cifrados en más de 10.000 millones de euros, "sigan despidiendo a trabajadores".
Lo mismo sostuvo esta mañana el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien también indicó que una propuesta de ERE así debería ser "bloqueada" por el Ejecutivo. Precisamente, que el Gobierno no acepte "en ningún caso" un ERE de Telefónica es uno de los cinco puntos de la proposición no de ley que presentó esta mañana el grupo parlamentario formado por Esquerra Republicana, IU e Iniciativa per Catalunya Verts.
En esta proposición, que se debatirá en el pleno del Congreso de los Diputados, también instan al Ejecutivo a que apoye a los trabajadores en el proceso de negociación de despidos.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) aseguró que el hecho de que ambas comunicaciones se hayan producido tan cercanas en el tiempo y sin una explicación completa "genera desconcierto entre los inversores" y puede incluso contribuir a un aumento del "riesgo de la reputación" de la compañía.
El sindicato UGT, el de mayor representación en el comité de Telefónica tras las últimas elecciones del 31 de marzo, exigió ayer que la multinacional consensúe y justifique unas medidas de ajuste que "conjuguen los intereses de la empresa con los del conjunto de los trabajadores y trabajadoras".
El proceso de reducción de empleo de Telefónica en España se inició en 1993, pero contando sólo los Expedientes de Regulación de Empleo de lo que ya va de siglo la plantilla ha adelgazado en 15.000 trabajadores, de forma voluntaria y con bajas incentivadas, que se unen a los 10.000 del último ERE del siglo XX de la operadora, que fue en 1999.