Tras la privatización, la corrupción en el Sistema de salud colombiano
Tras la privatización, la corrupción en el Sistema de salud colombiano
Hospital en Colombia (AP)
Las primeras investigaciones confirman desfalcos que superan los 16 millones de dólares entre 2005 y 2010, cometidos bajo la modalidad del recobro de servicios al gobierno por las privadas Empresas Prestadoras de Salud (EPS).
La Ley 100, vigente desde 1993, y su reforma de 2007, supusieron en la práctica la privatización operativa del sector de salud en Colombia, al quedar en manos del Estado solo los servicios médicos de las capas más pobres de la población y depender el resto de las EPS.
Pese al escándalo, el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, permanente denunciante del sistema de salud actual desde su ingreso al parlamento en 2002, se mostró pesimista sobre la posibilidad de que la criticada norma resulte anulada. “No se producirá (la derogación). La coyuntura del gobierno será cambiar a unos vivos (aprovechados) poderosos, por otros más vivos y más poderosos“, sentenció a IPS.
La ley determina un Plan Obligatorio de Salud, con medicamentos a cargo de las EPS, y reconoce el reembolso del valor de medicinas no incluidas en el programa, en situaciones específicas de gravedad del paciente. La devolución del dinero corresponde al estatal Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
El desfalco se basó en solicitar el reintegro de una misma medicina varias veces, con sobrecostos de entre 39 y 671 por ciento por encima del valor real. Además, se incluyeron unos 100 medicamentos no autorizados o por clasificar dentro del plan obligatorio y se utilizaron nombres de personas fallecidas como supuestos usuarios.
El presidente Juan Manuel Santos informó el 2 de mayo que “descubrimos desfalcos monumentales y cerca de diez modalidades de recobros”, al asegurar que lo hallado es solo “la punta del iceberg” de la presumible corrupción total con los reintegros de pagos de medicinas. El destape de Santos del llamado “caso de los recobros” reactivó las denuncias permanentes por parte de organizaciones médicas y científicas, universidades, investigadores sociales y parlamentarios a lo largo de los 18 años de vigencia de la ley.
“Ha sido una larga lucha con participación de mucha gente. Es imperante establecer un sistema con auditoría real. Por eso, sin dejar de prestar el servicio, es fundamental derogar la Ley 100″, anotó Robledo. La exdirectora del estatal Instituto de Seguros Sociales, Cecilia López, denunció que “la plata (dinero) de la salud se la robaron los corruptos, los narcotraficantes y los paramilitares” de extrema derecha respaldados por estamentos políticos y militares, según ha comprobado la justicia.
Marcela Vélez, una médica especializada en sanidad pública y autora de “Salud: negocio e inequidad. Quince años de la Ley 100 en Colombia”, también consideró indispensable que se anule la norma. “La única forma de establecer control es fijar un sistema de pagos controlado. De lo contrario, seguir con el sistema actual hace imposible controlar los ingresos de las EPS y sus cuentas con el Fosyga” dijo Vélez. Subrayó además que la gubernamental Superintendencia de Salud, responsable de los controles, no cuenta con recursos humanos y económicos para la tarea.
A las voces públicas se unieron las redes sociales. Facebook cuenta con grupos como “Abolición ya, a la Ley 100 de salud colombiana“, con 34.104 miembros. Con menos seguidores están “A que encuentro 40 mil colombianos que odiemos la Ley 100″; “Basta de rogar: salud y pensión con dignidad” y, “Un millón de firmas o más, para exigir la derogatoria de la Ley 100″.
La ley fue promovida en su momento por el entonces senador derechista Álvaro Uribe, que después gobernó el país entre 2002 y 2010. Uribe impulsó junto con su ministro de Protección Social, Diego Palacio, el cierre de hospitales públicos y universitarios de larga trayectoria, para consolidar el dominio privado del sector.
En diciembre de 2009, Uribe y Palacio emitieron 10 decretos de emergencia social, bajo el argumento de la urgencia en enfrentar la crisis económica de las EPS, que amenazaban con cierre de actividades. Los decretos fueron declarados inexequibles (sin efecto) en abril de 2010 por la Corte Constitucional, por ser contrarios a la carta magna de 1991.
La grave situación del sistema de salud en Colombia se ahondó con el escándalo de los recobros y ha generado manifestaciones por diferentes puntos del país, en demanda de la anulación de una ley que permite el contraste de desfalcos millonarios con una precaria prestación de servicios.
La expresión más dramática de esta precariedad son los llamados “paseos de la muerte”, de enfermos que terminan por fallecer frente a hospitales u otros centros de salud, tras haber sido llevados de uno a otro y negárseles atención por no tener respaldo económico o incluso por tener algún pago mensual atrasado con la seguridad social.
Diez días después de que Santos reveló el caso, fue intervenida la mayor EPS de Colombia, Saludcoop, con cuatro millones de afiliados, por presuntos ilícitos financieros, y el 24 de mayo se allanaron las instalaciones de otras cinco firmas.
El 31 de mayo, la Fiscalía General acusó formalmente a los primeros cinco implicados en el fraude: dos funcionarios del Ministerio de Protección Social, un subgerente de la aseguradora de capital español Sanitas, un asesor externo para varias EPS y un particular.
Por su parte, la Corte Constitucional comienza este martes 7 una serie de audiencias con ministros del gobierno de Santos y organismos estatales de fiscalización, control y acusación pública para que informen sobre el cumplimiento de la Setencia T-760 de 2008. En ella se ordenó la revisión y mejora del sistema de atención sanitaria, mediante el fortalecimiento del Plan Obligatorio de Salud y la atención a niños y niñas que estuviesen excluidos del programa.