En Alemania, de los 2.169 bancos existentes, sólo 300 son entidades privadas con ánimo de lucro.

Es raro escuchar a alguien pedir pagar más impuestos.

Salvo la excepción de algunos millonarios estadounidenses, como Warren Buffett, que criticaron la rebaja de impuestos a los ricos que promovió el segundo George Bush, no recuerdo otro ejemplo.

Sin embargo, ahora, se está extendiendo un movimiento de presión para que Hacienda imponga el IVA a los servicios financieros. Y lo sorprendente es que quien lo hace es la propia banca, no un partido político ni los movimientos anticapitalistas. Pero no, no es el mundo al revés.

Para entenderlo, hay que explicar de forma simple cómo funciona el IVA. Veamos: si yo soy una empresa, pago el IVA por los bienes o servicios que compro, y después cobro el IVA cuando vendo.

Luego, trimestralmente, en mi declaración del impuesto hago una operación matemática en la que resto del IVA total que he cobrado (“devengado”) el que he tenido que pagar (“repercutido”). La diferencia es lo que debo ingresar en Hacienda o que me devuelva si la diferencia es a mi favor.

Pero hete aquí que los servicios financieros españoles están exentos de IVA, de modo que los bancos sí deben pagarlo como parte del precio por las cosas que compran (la luz de las oficinas, una campaña de marketing, ordenadores para los empleados…), al igual que cualquier otra empresa, pero no tienen ningún IVA que “repercutir” a sus clientes, o sea, que no tienen derecho a descontarse nada ante Hacienda. Estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de euros al año, según cálculos del propio sector financiero.

En noviembre de 2007, la Comisión Europea estaba preparando la reforma del IVA sobre los servicios financieros. Pero la crisis económica obligó a aparcarla. Ahora que se habla de la “Tasa Robin Hood” o de un nuevo gravamen sobre los beneficios del sector, la banca recupera su vieja reclamación para cobrar el IVA.

“Si nos tienen que poner un impuesto, que sea el IVA”, defienden. Y así lo han planteado, de forma “reiterada y oficial”, al Gobierno, alegando que este sobrecoste perjudica su competitividad y encarece los costes.

¿Qué supondría para el consumidor que se aplicara el IVA a los servicios financieros? Depende. Primero, porque lo que se gravaría es el margen financiero. Por ejemplo: en el caso de un préstamo, el IVA no se aplicaría a la cantidad total prestada, sino sólo al margen de beneficio de la entidad financiera. Segundo, hoy, cajas y bancos ya enmascaran en el precio de sus comisiones el coste del IVA que no se pueden deducir.

La realidad es que los consumidores lo están pagando pero no lo saben. Y, tercero, el pragmatismo de la banca hace que se limite a solicitar al Gobierno cobrar el IVA al menos en las operaciones con empresas de manera que tanto la banca como sus empresas clientes se deducirían el IVA.

¿Quién acabaría siendo el pagano de verdad? La Hacienda Pública, porque la cantidad a ingresar en las arcas públicas sería menor –y esto lo reconocen los propios banqueros–. No es extraño que Hacienda no esté por la labor, y menos en estos momentos de dificultades presupuestarias. Pero el lobby es tenaz

La OCDE apunta una “continuada expansión” del PIB para Estados Unidos mientras que para la mayoría de países de la Unión Europea (excepto Alemania) pronostica un ritmo “menor “y “lento” de crecimiento, incluso una desaceleración económica.

Estados Unidos, que dispone de un presupuesto superior al 20% del PIB, ha mantenido una política fiscal y monetaria expansiva que empieza a dar sus frutos, a pesar del aumento de la deuda.

Por el contrario, Europa se ha lanzado a tan duro ajuste del gasto público para reducir el déficit y el endeudamiento que está perjudicando el crecimiento.

Grecia ejemplifica la paradoja del ajuste y la falta de un verdadero mecanismo de solidaridad europeo. El rescate ha demostrado su fracaso, a pesar de –o mejor dicho, probablemente por– todos los recortes sociales impuestos a los ciudadanos griegos. Ahora se estudia otro rescate con condiciones menos draconianas en tipos de interés y plazos. Ya se sabe que un país asfixiado no devuelve el dinero.

Al final, se trata de decidir quién debe pagar la crisis. Los islandeses decidieron que no lo hiciera el pueblo, sino la banca. Grecia puede seguir deteriorando el crecimiento y penalizando a los ciudadanos o acabar llegando a la reestructuración de la deuda en la que bancos franceses y alemanes tendrían que aceptar una quita.

Lo lamentable es que posiblemente acabe haciendo las dos cosas.

Uno de los terremotos más devastadores de la historia fue el ocurrido en 1755 en Lisboa, el día de Todos los Santos, que la hizo prácticamente pedazos. Los lisboetas sintieron, justo antes de las diez de la mañana, una sacudida súbita que hoy se calcula de magnitud 9 (en aquella época no había sismógrafos).

A ese terremoto siguió otro y otro más. El agua se retiró de súbito y regresó en olas de 15 metros que terminaron de arrasar Lisboa y otras ciudades del suroeste de la península Ibérica.

Sesenta mil personas murieron y todos los edificios en kilómetros quedaron reducidos a escombros. El maremoto no se quedó ahí y las olas llegaron a Finlandia, Martinica y América del Sur.

Con la crisis y el paro está pasando lo mismo.

La última EPA (encuesta que mide cuánta gente busca trabajo, lo tiene o está parado) da un récord histórico de parados, de familias con todos sus miembros en paro y de jóvenes desempleados.

El Gobierno dice que ya se ha tocado techo (y no es la primera vez que lo dice, siendo posteriormente desmentido por los hechos), pero pienso que minusvalora la nueva oleada de despidos que se va a producir tras las elecciones municipales y autonómicas.

Tanto las autonomías como los ayuntamientos tienen un elevado desfase entre gastos e ingresos porque venían de unos años donde los impuestos procedentes del sector inmobiliario llenaban sus arcas. Lacrisis acabó con ello y ahora tienen que ajustar el presupuesto para cumplir el objetivo de déficit.

Por ello, los recortes que hemos visto en Catalunya se reproducirán en mayor o menor medida en el resto de comunidades, tras las elecciones, cuando además es posible que se eleve el déficit acumulado porque se haya estado infravalorando el gasto sanitario.

Y si las autonomías cuyos planes de reequilibrio presupuestario ha aprobado el Ministerio de Economía anuncian ya recortes del gasto sanitario, de las ayudas sociales y de la inversión junto con la reducción de los complementos retributivos del personal sanitario y docente, la situación de los ayuntamientos no se queda atrás.

En su caso, los recortes de gasto lo van a notar especialmente las empresas que les prestan servicios –como las contratas de limpieza- y las que realizan obras locales.

Será la segunda vuelta de destrucción de empleo entre las empresas del sector de la construcción –y sus subcontratas–, que han ampliado su actividad hacia lo que denominan “servicios ciudadanos” como recogida de basuras, limpieza de vías públicas, mantenimiento de redes de alcantarillado o conservación de zonas verdes. Los ayuntamientos reducirán gastos y las empresas reducirán plantilla.

De esta forma, el negativo efecto que ha tenido sobre el empleo el recorte del gasto público llevado a cabo por el Gobierno central –y reconocido por el propio ministro de Trabajo en una entrevista en este periódico– se repetirá a escala en el resto de las administraciones locales y autonómicas.

El desempleo en España está sufriendo un terremoto tan devastador como el de Lisboa. Y las réplicas, desgraciadamente, parece que volverán dentro de un mes.

Cuando se rompe la junta de la trócola, ya sabes lo que pasa. No hay más que hablar, sólo desembolsar la pasta.

A mí se me rompe la trócola cada dos por tres, pero la sensación de estar plenamente integrada en la secta de los incautos se me ha acentuado desde que he estrechado mi relación con las aseguradoras del automóvil.

Pongamos –y no es un suponer– que vas tranquilamente con el coche por la ciudad y, de repente, otro automóvil se salta el semáforo y se empotra contra tu parte delantera derecha. Tranquilos, no ha sido grave, los dos conductores estamos bien y sólo es cosa de chapa y algo de motor. Nada que no se pueda arreglar. Rellenados los partes y avisada la grúa, será cosa de días.

Y sí, pasan los días, y llamas al taller una y otra vez, hasta que te dicen que la compañía de seguros se niega a arreglarlo porque el importe de la reparación es superior al de su valor como coche usado.

Y ya he pasado a formar parte de los cándidos a los que la compañía maneja a su antojo: tienes un accidente que no has provocado, el seguro no te arregla el coche porque le sale más barato declararlo siniestro total y pagarte sólo unos cientos de euros, y te ves obligada a quedarte sin automóvil o a comprar otro, algo que no tenías intención de hacer.

Y esto no es algo inhabitual. La organización de consumidores Facua asegura que la principal queja contra las aseguradoras es precisamente porque fuerzan a sus clientes a admitir una declaración de “siniestro total”, de modo que no pagan la reparación sino sólo el valor teórico que tiene el coche en el mercado de usados (marginal). Un ahorro brutal para la compañía, un coste considerable para el asegurado: coche nuevo (o metrobús). Y

 un abuso de la aplicación de las cláusulas del contrato. Si usted no sabe si su póliza establece que es la aseguradora la que decide si lo declara siniestro total cuando la reparación supere un determinado valor, sepa que el Tribunal Supremo ha sentenciado que, para ser válida esa limitación, debe estar destacada de modo especial y aceptada expresamente por escrito.

El siniestro total es la situación del panoli en grado sumo, pero también he experimentado el grado medio en otras ocasiones. Como cuando llevas el coche a revisión antes de pasar la ITV. Ante mi más absoluto desconocimiento de mecánica, ya me pueden decir en el taller que es la junta de la trócola o la trócola de la junta, que no tengo juicio para objetar.

En la inspección que Consumo realizó el año pasado en los talleres de reparación de automóviles, encontró infracciones en cuatro de cada diez (552 infractores de los 1.400 inspeccionados). Dada mi puntería, seguro que estaba en uno de ellos.

Pero no me siento sola. Hay otros 12.900 que han protestado por la reparación del coche y 18.710 que han presentado quejas contra su compañía de seguros de automóvil (última estadística de Consumo).

Y en dos años nos hemos triplicado los descontentos. Y siempre hay esperanza. No ceje en reclamar que se lo arreglen, pida una tasación independiente de la reparación, incluso acuda a los tribunales.

De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que la indemnización por los daños sufridos por un vehículo como consecuencia de un accidente de tráfico, a abonar por el culpable habrá de ser la cantidad necesaria para su reparación y no el valor del mismo en el momento del accidente.

De una forma u otra, lo importante es rebelarse contra la dictadura del seguro.

Yo continúo con mi coche viejo. Reparado.

Hoy, el Banco de España tiene que decir si aprueba los planes de recapitalización de nueve cajas de ahorros y cuatro bancos o si les exige modificaciones. Muchos querríamos ver también un cambio de los gestores que han llevado a una situación límite de solvencia.

El Banco de España ha sustituido a los principales directivos de las cajas que ha intervenido (Caja Castilla-La Mancha y Cajasur), que es cuando se lo permite la ley. También ha procurado que en las fusiones prevaleciera el equipo de la mejor gestionada; por ejemplo, Cajastur en Banco Base.

Hasta llegar a esta situación provocada fundamentalmente por la burbuja inmobiliaria y los créditos concedidos de forma imprudente, ha habido muchos colaboradores en el deterioro, como gobiernos autonómicos –con potestad normativa sobre las cajas– que reclamaron respaldo a proyectos faraónicos o incluso sindicalistas que apoyaron bonus millonarios.

Se reclama profesionalización y despolitización, como si tener un político al frente estuviera maldito y contar con un tecnócrata representara la mayor de las suertes.

Puede ser así en ocasiones, pero no está de más recordar a esos destacados profesionales que dirigían Lehman Brothers cuando quebró y tantas compañías en la UVI de las ayudas públicas (esas que gestionan los políticos). La retribución al accionista no es el único fin, también el beneficio a la sociedad.

Estas cajas a las que se conduce a la disciplina de los mercados –esos que nos han llevado a la crisis– igualmente podrían avanzar en transparencia. ¿Por qué no pueden votar todos los impositores a sus representantes en el consejo de administración en lugar de sortear el derecho a voto? La banca electrónica lo permite y el sentido democrático lo exige.

El plan es el mensaje. En realidad, el Gobierno reconoce en privado que no espera emerger gran cosa de empleo sumergido con su aviso de que facilitará el afloramiento de trabajo negro antes de endurecer las sanciones.

Lo que busca es mandar un mensaje a tres bandas: a los trabajadores, que pierden derechos laborales por estar sumergidos; a las empresas legales, que tienen que competir en desventaja con las que emplean personas sin contrato; y a la sociedad española, por razones obvias: la economía sumergida no paga impuestos ni cotizaciones.

Pero el Gobierno anda por el filo de la navaja y puede acabar dando el recado equivocado. Aunque en el plan inicial del Ministerio de Trabajo no figura perdonar las sanciones en los primeros meses, el Ejecutivo no lo descarta si se plantea en la negociación con los agentes sociales. Se trataría de una amnistía, aunque parcial, y el mensaje se daría la vuelta: sería como decir que no hay penalización por incumplir la ley, que puedes irte de rositas tras defraudar a la Seguridad Social –justo después de recortar las pensiones futuras–.

Aún más, ¿qué ocurrirá si una empresa da de alta en la Seguridad Social a unos trabajadores “sumergidos” hasta entonces? ¿La inspección de Trabajo lo investigaría?

Si la empresa conoce que existe ese riego, desde luego no aflorará el empleo negro; y si no corre el riesgo de ser inspeccionada es que el Estado cierra los ojos a las irregularidades pasadas. Eso sería como dar de tapadillo una amnistía total al fraude anterior.

Además, también habría que cerrar los ojos al fraude fiscal en las retenciones del IRPF no practicadas por las empresas a los trabajadores sumergidos. Por eso, en Hacienda no son en absoluto proclives a los planes de regularización que suponen perdones o amnistías. Y menos después de las experiencias pasadas.

En 1984, Miguel Boyer –que ahora presidirá la Comisión Asesora de Competitividad del Gobierno– hizo una amnistía por la que los evasores blanquearon dinero adquiriendo pagarés del Tesoro sin penalización fiscal y salvaguardando el anonimato.

En 1991, Solchaga emitió una deuda pública especial –con un tipo de interés inferior al del mercado y manteniendo cautivo el dinero durante seis años– con el fin de acabar con la opacidad de los pagarés pero que se podía utilizar para justificar ingresos o patrimonios no declarados. No logró los objetivos previstos y en los Presupuestos Generales del Estado para 1992 se incluyó una disposición adicional que decía que, a partir del 1 de enero, no habría norma alguna que implicara una amnistía fiscal.

Las ventajas de aflorar empleo sumergido son evidentes: más ingresos para la Seguridad Social y para Hacienda, más protección para el trabajador, menos gastos en subsidio de paro (por la desaparición de sumergidos que trabajan en negro a la vez que cobran el paro) y menor tasa de paro. Sin embargo, el camino de la amnistía nunca tiene un buen final.

El ser humano es una de las especies más lentas de la tierra: con sus cuatro kilómetros a la hora andando, es la mitad de rápido que el pequeño escarabajo tigre y está por debajo de la velocidad a la que el elefante africano arrastra sus 7.000 kilos de peso. Si el hombre fuera a velocidad maratoniana regularmente, se equipararía a la foca cangrejera y al avispón.

Y si todos fueramos  Usain Bolt y lográramos mantener el sprint más allá de los 100 metros, hasta nos podríamos acercar a la rapidez del pingüino papúa o pingüino juanito, el más veloz de los pájaros bobo.

Y si, dentro de nuestra especie, consideramos al homo politicus, se demuestra de nuevo que la velocidad, definitivamente, no es lo nuestro: la comunidad internacional es más lenta que el caracol: 50 metros por hora.
Aunque siempre hay clases.

Tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU –que ha esperado casi hasta el último minuto– autorizando la intervención militar contra Gadafi, las potencias se han puesto en marcha a la velocidad del guepardo.

Sin embargo, la Unión Europea ha dado vueltas y vueltas antes de permitir, supuestamente, que el fondo de estabilidad compre deuda pública de los Estados, reduciendo así su exposición a los mercados. Eso sí, a cambio de más ajuste social –y ya van…–, como exigía Angela Merkel desde Alemania.

¿Estamos siendo los humanos más rápidos y eficientes en la cadena de catástrofes que está sufriendo Japón? No sé. Lo que sí se aprecia es que estamos siendo más lentos que los buitres (perdón, quise decir los especuladores), que andan a la caza de ganancias fáciles en este momento de extrema debilidad del país nipón.

Contra estos carroñeros, los miembros del G-7, con una rapidez inusitada para la costumbre del homo politicus, han acordado intervenir de forma coordinada en los mercados de divisas y respaldar conjuntamente la economía japonesa. Habrá que ver si además de rápidos son fuertes y resisten los embates contra el yen.

También con celeridad –empujada por intereses electorales, que actúan como doping– ha maniobrado Merkel tras el desastre de Fukushima, parando siete centrales nucleares alemanas y admitiendo que ya nada será igual en la energía atómica. Aquí, mientras tanto, somos tan lentos que nos dedicamos a prorrogar el plazo de utilización de las nucleares.

Por lo tanto, es sólo a base de golpes como está corriendo algo más rápido la comunidad internacional. Así las cosas, antes de que perdamos el fuelle deberíamos recordar –deberían nuestros políticus– que otros compromisos, anunciados en su momento a bombo y platillo, hoy languidecen: eliminación de los paraísos fiscales, medidas contra la especulación, refundación del capitalismo, reducción de emisiones de carbono para frenar el calentamiento global…

A mí me parece que el dinero sigue corriendo como un galgo y los Estados van como tortugas o ni van en la protección del bienestar ciudadano.

La pequeña Selam murió cuando contaba sólo 3 añitos. Era africana, de la zona que hoy es Etiopía. Su corta vida transcurrió hace 3,3 millones de años, en el Plioceno.

Su fósil fue encontrado en 2000 y sirvió para adelantar la data originaria de lo que hasta entonces creían los científicos: esta pequeña criatura homínida, perteneciente al género Australopithecus afarensis, se irguió sobre sus dos piernas 100.000 años antes que Lucy, otra afarensis cuyos huesos fueron encontrados en 1974, también en Etiopía, y a la que nombraron por la canción de  John Lennon y Paul McCartney Lucy in the sky with diamonds.

Los Beatles dijeron haberse inspirado, además de en los vapores que produce un subidón de LSD, en un garabato que había dibujado el hijo de John, Julian, con 4 años, representando a una amiguita.

Para los Beatles, Lucy significaba el cielo estrellado, la esperanza. Para la humanidad, Lucy y Selam encarnan también la esperanza porque representan el momento en que el humano se yergue sobre dos piernas. Y ese salto evolutivo, la locomoción bípeda, fue fundamental para llegar a lo que somos porque permitió un enorme ahorro energético justo cuando más falta hacía: empezaba la primera glaciación y el arbolado comenzaba a escasear.

Hoy sigue habiendo, a pesar de todo, primates contemporáneos que se ríen de la necesidad de ahorro energético y de la existencia del cambio climático.

Por suerte tenemos a Selam, que nos recuerda que desplazarse sobre dos pies requiere mucha menos energía que hacerlo como cuadrúpedo y que, justamente por eso, nuestros antepasados se irguieron. Y ahora, ya erectos, se supone que algo más inteligentes, nos enfrentamos a una nueva crisis provocada por el consumo de energía que nos obligará otra vez a cambiar de modo de vida.

El Gobierno, sin duda, a veces está en las nubes, como Lucy en el cielo con diamantes. Pero esta vez está con los dos pies sobre la tierra. Es imprescindible tomar medidas de ahorro energético, aunque parezcan tan baladíes como cambiar bombillas.

Hemos descubierto que, igual que dentro de cada uno hay un entrenador de fútbol, todos ocultamos a un experto energético en nuestro interior. No hay quien no tenga opinión sobre reducir el límite de velocidad a 110 kilómetros por hora, el cambio de neumáticos o la conducción eficiente.

Pero si todo ello nos puede permitir ahorrar alrededor del 20% en carburante, como aseguran los expertos, ya es algo. Aunque no sea la solución definitiva.

En alumbrar nuestras calles y carreteras nos gastamos anualmente 17.500 millones. Sólo con ahorrar la mitad equivaldría a evitar durante seis años la congelación de las pensiones. O serviría para pagar durante un año la ayuda de 400 euros a dos millones de parados.

Cuando el ministro de Industria puso en marcha hace tres años el regalo de una bombilla de bajo consumo por vivienda fue objeto de chanzas durante meses.

Dicen que muchas siguen aguardando en los almacenes de Correos a que vayan a por ellas, pero ya nadie desconoce que existen bombillas que gastan menos y duran más. Incluso, muchos españoles las hemos empezado a utilizar.

Para los que piensan que el ahorro de energía no va con ellos y que los aviones gastan mucho más que su coche (lo cual es cierto), un dato: las familias consumen el 30% del total nacional, según el IDAE; un 18% en la vivienda y un 12% en el coche.

Y los que creen que es una chorrada apagar la luz al salir de una habitación, bajar la calefacción o tener un coche eléctrico, siempre pueden volver a andar a cuatro patas. Por derroche, que no quede.

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