¡Es el sistema, estúpidos!

En la Argentina debería conocerse el flujo y destino de los fondos públicos. La opacidad se hizo evidente en el affaire de Schoklender, pero debería saberse qué sucede con Aerolíneas, el Fútbol para Todos o los fideicomisos.

Por Enrique Szewach

El caso Schoklender no hizo más que reiterar un problema sistémico que aqueja a la asignación de recursos públicos en la Argentina de los últimos años (¿décadas?): tales recursos se asignan con discrecionalidad, arbitrariedad, opacidad, y falta de control.

Nadie nos ha explicado cuál es la “ventaja competitiva” de una organización de derechos humanos para recibir fondos públicos destinados a construir viviendas sociales. Nadie nos ha informado, oficialmente, las cifras asignadas a dicha organización para ese fin. Nadie nos ha explicado, oficialmente, el destino de esos recursos. La cantidad de viviendas construidas, cuántas en ejecución, el costo individual, y cualquier otro dato de utilidad para sacar conclusiones “objetivas”.

No se trata de demostrar una compleja teoría de la física cuántica o de esclarecer crímenes o atentados terroristas. Se trata, simplemente, en la era de la informática, de presentar una planilla de cálculo en Internet o, si se prefiere algo más primitivo, un informe contable, de no más de una carilla, con los datos. Pero los datos no se presentan. Se hacen declaraciones públicas, discursos de apoyo y/o ataque sobre la integridad o delincuencia de unos u otros, pero la información relevante no se entrega.

Pero este es sólo un caso. Tenemos la misma “ignorancia” en asignaciones de gasto iguales o mayores aún. La maraña de subsidios a la energía, el transporte o a algunos alimentos que superan los $ 60 mil millones. Los fideicomisos para distintas obras públicas. Los gastos en la Televisión Pública o en el Fútbol para Todos, o los balances de Aerolíneas Argentinas. Todos son datos “escondidos”, ocultos en informes genéricos –cuando los hay– o en partidas indescifrables que requieren la presencia de un experto o de un grupo de investigaciones al nivel de las mejores series de televisión del género.

Insisto: en la era de la electrónica, los programas de cálculo y la interconexión global, toda información de ingresos y gastos públicos (con excepción de alguna información sensible, vinculada con la defensa nacional y la seguridad) debería estar a disposición del público a uno sólo “clic”.

Resulta curioso que, en muchos casos, las regulaciones obliguen al sector privado a presentar balances, información sobre movimientos bancarios, compras, ventas, gastos y cualquier otro dato vinculado con su evolución económica financiera, mientras la asignación de fondos públicos se maneja sin publicidad, sin reglas, sin control.

Obviamente, como detrás de cada peso del Estado hay dos “privados” (uno que paga y otro que cobra), los intereses en juego para que esta “opacidad” se mantenga son muchos e importantes.

Pero eso sucede en todos los países del mundo, y ello no ha sido obstáculo para que las sociedades verdaderamente democráticas, republicanas y progresistas, sociedades que están a la vanguardia de la calidad de vida global, hayan impuesto normas de convivencia que incluye la transparencia y abundancia de información pública acerca del manejo de los recursos que se administran. La existencia de controles cruzados con vigencia plena de las leyes y de la independencia de la Justicia.

El caso de las Madres de Plaza de Mayo es un caso más entre muchos. Este llama más la atención,por la magnitud representativa de las personas involucradas o por lo mediático y hasta morboso que resulta la presencia de alguno de los personajes mencionados. Pero el problema supera el de unas miles de viviendas sociales construidas, bajo sospecha.

Lo que queda explícito es que la Argentina carece de un sistema que le otorgue a los ciudadanos el control de los actos de gobierno. Un sistema que permita medir, evaluar, comparar, analizar los gastos e inversiones que se realizan.

Esa es la razón principal por la cuál, pese al espectacular incremento del gasto público en estos últimos años, la calidad de los bienes y servicios que se reciben del Estado (salvo excepciones) ha empeorado.

Si el Gobierno realmente quiere “despegarse” del caso Madres/Schoklender, le bastará con presentar la información respectiva y terminar la discusión.

Corrupción y corruptos hubo y hay en todas partes, en todas las épocas y bajo todos los regímenes. Pero hay mecanismos institucionales que la limitan y mecanismos que la favorecen.

En la Argentina la favorecen. Y usted sabe por qué.