La crisis ahoga la Justicia
07.06.11 - 00:19 -
Los juzgados y tribunales siguen desbordados, pero el horizonte a corto plazo ofrece leves signos de mejoría. Groso modo, esta es la fotografía que a día de hoy muestra la Justicia, pese al paulatino incremento de la inversión o las reformas legislativas en marcha. Si el pasado año el retraso de los asuntos sin resolver tocó techo (3,22 millones), este curso las previsiones son un poco más halagüeñas y la drástica caída esperada apenas será del 0,5%, lo que supone unos 3,15 millones de procesos pendientes.
Esta «tímida» disminución llega cuando los efectos de las crisis que estuvieron a punto de colapsar la Justicia ya han pasado, cuando la litigiosidad ha disminuido casi un 3% el pasado año y cuando los efectos de las reformas en la Administración de Justicia, que deberían dotarla de mayor agilidad procesal, ya se tendrían que dejar sentir.
El Consejo General del Poder Judicia, en su informe 'La Justicia dato a dato', destaca que la jurisdicción civil será la que acumule un mayor número de asuntos en trámite a finales de año (1,3 millones), seguida de la jurisdicción penal (1,1 millones), la contencioso-administrativa (368.270) y la social (308.930).
En este capítulo, los juzgados de primera instancia civil serán los que soporten la mayor parte de la carga de trabajo, con 1,25 millones de asuntos pendientes de resolver. La palma se la llevan los juzgados de lo mercantil, directamente afectados por la crisis económica, con elevadas tasas de pendencia, y el retraso endémico acumulado en los juzgados de primera instancia y en los de primera instancia e instrucción, que superan el millón de asuntos sin resolver. En este caso se dirimen procesos de honor, daños menores, separaciones, etcétera.
Desfase
Los 3,15 millones de asuntos en trámite a finales de año, según las previsiones del Consejo, son casi un millón más de los que había hace cinco años, lo que da buena muestra de cómo ha afectado la crisis y la litigiosidad al sistema judicial español. En este dato también influye el incremento de los asuntos ingresados en 2010 en todas las jurisdicciones: 9,35 millones, y los resueltos, 9,22 millones; unas cifras jamás alcanzadas pero que revelan el paulatino desfase que viene dándose desde 2007, cuando la crisis comenzó a dar los primeros coletazos.
Pese al peso de la jurisdicción civil en la lentitud de la Justicia, la mayoría de los asuntos ingresados y resueltos cada año recaen en la jurisdicción penal, con 6,64 millones por 6,61, respectivamente, y están a la espera 1,18 millones de casos. En el polo opuesto están los juzgados y tribunales de lo Contencioso-Administrativo, que ingresaron 287.000 asuntos el pasado año y resolvieron 299.000; o los de social, donde entraron 444.000 asuntos y se resolvieron 402.000.
La tasa de litigiosidad, es decir el número de asuntos tratados por cada mil habitantes, disminuyó el pasado año un 2,8%, pero sigue siendo especialmente alta en Andalucía, Madrid, Canarias, Valencia, Murcia y Baleares, por este orden. En la parte media se encuentra Galicia, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Cantabria, y en la zona baja Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco y La Rioja.
La duración media de un procedimiento oscila entre los cuatro meses en primera instancia y los cinco meses en segunda instancia, en los juzgados de lo mercantil supera los 13 meses, mientras que el promedio de un asunto en el Tribunal Supremo según las diferentes jurisdicciones va de los seis a los diez meses.