ETA: Conclusiones tras el abandono de las armas

Antonio Papell | 22/10/2011

1.-El comunicado hecho público el día 20 afirma rotundamente que ETA ha tomado la decisión del cese definitivo de su actividad armada, lo que constituye, en sus propias palabras, un "compromiso claro, firme y definitivo". No exige contrapartida, que no sería coherente con esta declaración que por su propio enunciado es incondicional, pero sí "hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada".

2.-De estas palabras, algunos actores mediáticos bien intencionados ?'La Vanguardia', por ejemplo- han hablado editorialmente de "rendición". Los juicios de intenciones son libres, pero desde luego de la declaración de ETA no se desprende en absoluto tal intención. Más bien ETA insinúa que permanecerá vigilante y afirma que mantiene su exigencia de ser interlocutor de la nación vasca frente a los Estados francés y español. Una pretensión delirante pero que está escrita en el comunicado.

3.-Es innegable que este comunicado llega al extremo de un desarrollo orquestado por Bildu: la conferencia de paz del lunes fue la pista de aterrizaje en que ETA ha depositado este comunicado. El mensaje que llega a la ciudadanía vasca es: la izquierda abertzale ha traído la paz. Los demás partidos, incluido el PNV, estaba fuera de juego. La rentabilidad electoral de esta estrategia es fácil de adivinar en Euskadi.

4.-A pesar de la rotunda declaración de ETA, que tiene la credibilidad limitada que tiene, es evidente que la organización terrorista conserva una clara capacidad de presión, aunque sea psicológica, mientras no se autodisuelva. Capacidad de presión que aplicará a negociar la situación de los presos, lo que irremediablemente provocará divisiones entre las fuerzas democráticas.

5.-En esta coyuntura, lo inteligente sería que PP y PSOE renovaran públicamente el pacto antiterrorista en el sentido de que no habrá variación alguna de la política penitenciaria hasta que ETA no haya declarado su autodisolución y entregado o destruido fehacientemente las armas.

6.-La presión se dirigirá también a lograr la liberación de Otegi. A este respecto, los firmantes del pacto antiterrorista podrían utilizar legítimamente esta baza y dar a entender que se podrían administrar medidas de gracia a los condenados por colaboración con banda armada si ésta se disuelve.

7.-Rajoy ha adoptado una actitud clarísima en este asunto: ha certificado públicamente que la renuncia de ETA a seguir matando no responde a concesión política alguna.

Es muy notorio sin embargo que algunos medios de comunicación ligados ?para entendernos- a la posición extrema de Mayor Oreja (todo esto sería según ellos fruto de una fraudulenta negociación entre el Gobierno socialista y ETA) van a mantener esta tesis disolvente, en parte para vender periódicos, en parte para alentar la oposición de la derecha más recalcitrante del PP a Rajoy.

El antídoto contra esta intoxicación es el mencionado reforzamiento del pacto antiterrorista, y la exclusión cuidadosa del asunto del debate preelectoral. Rubalcaba ha pedido que la nueva situación de ETA se aborde tras las elecciones. Parece muy sensato el requerimiento ya que todo indica que la influencia de todo este asunto en las elecciones no tendrá influencia (salvo en Euskadi, obviamente).

El lehendakari ha anunciado una ronda de conversaciones con todos los partidos con presencia institucional ?incluido Bildu- para "ganar la concordia" antes de abordar las exigencias abertzales. Habría que convencerle de que no hay nada que abordar hasta que el cese el fuego de ETA desemboque en la autodisolución.

8.-Una vez disuelta ETA, y desaparecido por tanto el riego de una recidiva, habrá que reconsiderar la situación penitenciaria de los 700 reclusos de la banda.

En el bien entendido que la Constitución prohíbe los indultos colectivos y que por tanto tal análisis habrá de hacerse individualizadamente, conforme a las leyes penal y penitenciaria. Especial atención habrá que prestar a que los cambios de grado se acompañen del reconocimiento preciso de la culpa y del error.