Los abogados de los 'indignados' admiten que se lanzaron objetos a la policía

El Legal Team, el equipo formado por 15 abogados que asesora jurídicamente a los acampados en Barcelona, y que está tramitando e impulsando las denuncias de los manifestantes por agresiones policiales durante las polémicas cargas del 27 de mayo, han reconocido este martes por la mañana que, al final del dispositivo policial, la situación se descontroló.

En su informe sobre lo ocurrido, sostienen que "no se observó ninguna agresión a agentes de la autoridad excepto en el momento de la retirada de efectivos, cuando algunas personas de la vía pública, sin poderse distinguir si formaban parte o no de las personas vinculadas con la acampada, lanzaron algunas botellas de agua de plástico en contra de algunos agentes".

Esta postura avalaría a la de los antidisturbios, mandos policiales y la mantenida por el conseller de Interior, Felip Puig, en relación a que se dieron momentos de violencia y tensión también, por parte de personas que no eran policías. Los antidisturbios hablaron de un final de dispositivo marcado por lanzamiento de objetos, líquidos, algunas piedras, y enfrentamientos muy tensos a corta distancia. Ello, no obstante, no justifica el empleo de la violencia, dicen los letrados, ni el desalojo de los manifestantes pacíficos por la fuerza.

De la misma forma, el informe del Legal Team -cuyos abogados forman parte de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y tienen como cometido defender los derechos fundamentales en las movilizaciones masivas de protesta en Europa- revela un hecho hasta ahora desconocido, como que mientras los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y los camiones de BCNeta limpiaban la plaza, los abogados mantuvieron "una comunicación telefónica en diversas ocasiones" con el adjunto al Síndic de Greuges, Jordi Sànchez, "para informarle de la evolución de los acontecimientos".

Los abogados de los acampados mantienen que el dispositivo "vulneró derechos fundamentales", en concreto cinco, y consideraron inaceptable el empleo de la fuerza física ante una multitud pacífica y sentada, lo que a su parecer fue una actuación "desproporcionada". "La desobediencia a una orden policial no legitima el uso de la violencia, por lo que la justificación que ha hecho en este sentido el conseller de Interior es muy peligrosa y vulnera todos los tratados existentes de prevención de la tortura", ha dicho esta mañana el miembro del Legal Team, Àlex Solà.

"La mayor parte de las agresiones fueron contra personas que estaban cuestionando verbalmente la actuación de los agentes u ofrecían resistencia pasiva sentados en el suelo con las manos alzadas, o de pie y estáticos", dice el informe. El abogado Solà precisó que "la resistencia pasiva no justifica el uso de la violencia" y que "la desobediencia a la autoridad es un delito que se puede denunciar y, una vez demostrado, comporta penas de multa, pero en ningún caso la pena de recibir porrazos por parte de un mosso d'Esquadra".

"Además, hay que recordar que los acampados se negaban a levantarse porque no querían dejar pasar un camión en el que se estaban llevando sus pertenencias, por lo que la resistencia pasiva estaba justificada", añadió la abogada Mireia Montesinos.

Este informe, que será presentado ante los diferentes partidos políticos, y que los abogados presentarán ante diversos organismos de defensa de los derechos humanos europeos, también denuncia que la actuación policial vulneró el derecho a utilizar todos los medios de prueba que garanticen el derecho a la tutela judicial porque los agentes antidisturbios no iban identificados. Por este motivo, animaron a todos los ciudadanos a denunciar las agresiones de las que fueron testigos el 27 de mayo.

Ante la pregunta de la viabilidad de estas denuncias, dado que muchas de ellas están siendo archivadas, Solà dijo que "creemos que las vulneraciones de derechos fundamentales tienen suficiente peso como para que tengan un recorrido judicial", ya que "existen otras maneras de identificar a los agentes, como las fotografías y las imágenes de vídeo registradas". En todo caso, apuntó más alto asegurando que también existe la vía administrativa, ya que fue un operativo "que transgredía las leyes".